La salvaje explotación minera en el majestuoso Illimani y la contratación de una empresa española estafadora son solo dos ejemplos del desprecio que tiene el Gobierno de Evo Morales con el Departamento de La Paz.
1. Destrucción del Illimani
Sobre lo mojado llovido, el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS) se opuso a declarar al nevado Illimani como patrimonio cultural y material del Departamento de La Paz, los asambleístas departamentales de este partido político se opuso a tratar un proyecto de ley, que declaraba al Illimani como patrimonio cultural y material, lo que significaba que se lo debería cuidar y preservar.
Sin embargo, el Presidente de la Asamblea Departamental de La Paz y militante del MAS, Juan Luis Vargas, afirmaba que esa instancia legislativa había decidido desechar el proyecto de ley departamental, que declaraba al Illimani patrimonio cultural y material, él manifestaba lo siguiente, el 2 de febrero de 2017:
“Yo veo que éste (proyecto) de ley es atentatorio al trabajo de nuestros hermanos cooperativistas y ése es el tema de fondo, pues cuando hablamos de declarar como patrimonio cultural y material, significa que las tierras que están en nuestros nevados van a ser inmovilizados y no las vamos a poder mover ni un milímetro, mucho menos hacer cualquier perforación o actividad minera”
Con esta actitud, el Gobierno de Evo Morales favorece la explotación minera del nevado, que destruye al Illimani y contamina las aguas límpidas del deshielo de los glaciares. Empresas chinas y cooperativas mineras son las responsables de ese gran daño medio ambiental.
2. Contratación de empresa española estafadora
La empresa española Corsán-Corvian cerró sus oficinas en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 1 de abril de 2017, dejando 2 obras estatales sin terminar y una deuda de 80 millones de bolivianos (unos 11,350 mmillones de dólares) a 120 empresas bolivianas, que las había subcontratado.
El Gobierno de Evo Morales contrató a la empresa española, la Corsán-Corvian, para la construcción de una carretera asfaltada que uniría San Buenaventura con Ixiamas en el norte amazónico del Departamento de La Paz. Corsán – Corvian recibió alrededor de 43 de los 109 millones de dólares (39%) y sólo tuvo un avance de 19% de la obra.
La misma empresa fue contratada para construir una planta hidroeléctrica en la localidad de Miguillas, en la provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, por un monto de 420 millones de dólares, con el fin de generar 200 megavatios (MW).
Corsán-Corvian recibió más de Bs. 370 millones (53 millones de dólares) y dejó la obra inconclusa.
El Gobierno de Bolivia ya tenía conocimiento del retraso de las obras a cargo de la española Corsán-Corvian, pero no hizo nada para evitar la salida de Bolivia.
Estos proyectos millonarios para el Departamento de La Paz, que deberían mejorar las condiciones de vida de los habitantes, fueron entregados a una empresa estafadora, que construyó el camino Yucumo – Quiquibey en el Departamento de Beni y que al poco tiempo de entregar la obra, ésta ya presentaba serias fallas. La mala calidad de la construcción es de tal magnitud, que ya varias partes de la carretera presentan la desaparición de la capa asfáltica.
Estas obras ratifican la opinión generalizada de que la corrupción es la constante en la gran mayoría de obras ejecutadas en el Gobierno de Evo Morales.
