La Ley General de la Coca Nº 906, promulgada el 8 de marzo de 2017 incrementó el cultivo “legal” de la coca de 12,000 a 22,000 hectáreas, ella legalizó 7,300 hectáreas de coca en la zona del Chapare, que en la anterior ley eran ilegales y estaban sujetas a la erradicación. Además incrementó en 2,300 hectáreas los cultivos de coca en otras regiones del Departamento de La Paz, que no eran zonas cocaleras.
Los perdedores de esta nueva Ley son los productores de las zonas tradicionales y originarias de los Yungas de La Paz.
Las consecuencias de esta nueva Ley será el incremento de la producción de coca en Bolivia, coca que irá destinada a la producción de cocaína, ya que según la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Bolivia, más del 90% de la coca del Chapare y 30% de los Yungas se desvía al negocio ilícito de las drogas.
El Gobierno de Bolivia no pudo demostrar un aumento de la demanda de consumo de coca con fines lícitos, un estudio financiado por la Unión Europea, que duró 6 años, determinó que se requieren 14,705 hectáreas para cubrir el consumo de coca legal en el país.
Por lo tanto, el aumento de coca “legal” de 12,000 a 22,000 hectáreas de la nueva Ley de la Coca sólo beneficiará a la producción ilegal de drogas. No hay una explicación lógica y legal para ese aumento.
El Presidente Evo Morales, que es a la vez Presidente de las 6 Federaciones de los productores de Coca del trópico de Cochabamba, el Chapare, logró “legalizar” la coca de sus afiliados.
